Los administradores concursales analizan y debaten sobre el nuevo escenario que plantea la reforma concursal

31/10/2022
Inauguración Encuentro

El XVI Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal, organizado por el Consello Galego de Economistas, y celebrado los pasados días 27 y 28 de octubre en Santiago, centró gran parte de su atención, como no podía ser de otra manera, en la recién aprobada Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal (TRCL) y en el escenario que plantea para los profesionales de la administración concursal.

El encargado de dar la bienvenida a los dos centenares de profesionales presentes, tanto de manera presencial en la sede del Auditorio Abanca en Santiago, como a los que se conectaron vía online, fue el presidente del Consello, Miguel A. Vázquez Taín, quien quiso, en su intervención, poner en valor el trabajo desarrollado tanto por los profesionales dela administración concursal, “una pieza clave, especialmente en lo momentos de crisis para encauzar la situación de cara a la recuperación del tejido empresarial”, como del REFOR, “que defiende con su ingente labor el trabajo de los profesionales y de la sociedad en general”.

Acompañaron a Taín en esta mesa inaugural José Tronchoni Albert, Director Xeral de Xustiza de la Xunta de Galicia, Juan Carlos Robles Díaz, presidente del REFOR hasta hace escasos días, y Ramón Juega Cuesta, codirector del Encuentro junto a Isaías González.  Este último indicó en su intervención que los profesionales de la economía, “a los que pretendían relegarnos a un papel secundario, debemos ser actores principales en un escenario de crisis económica galopante como el que nos acecha”. “Hay mucha deuda que exonerar, hay mucho tejido que se puede recuperar, hay muchas ventas de unidades productivas que tenemos que conseguir, hay mucho por reestructurar, y debemos reivindicarnos como lo que somos, unos operadores principales”, concluyó.

Robles, por su parte, señaló que estamos asistiendo a un cambio de paradigma: “más que refinanciación hablaremos a partir de ahora de reestructuración, lo que obliga a los economistas a reciclarnos; hemos estado trabajando las insolvencias como abogados y ese no es nuestro papel, a partir de ahora lo haremos en los periodos previos al Concurso para recuperar la viabilidad de las empresas”.

Finalizó el Director Xeral de Xustiza el turno de intervenciones en esta inauguración, quien confesó su “pasión por el derecho concursal desde siempre”, y señaló que creo que el Ministerio de Justicia “le debe un reconocimiento a los administradores concursales por la importante labor que desarrollan”. Finalizó desenado un buen aprovechamiento de todas las ponencias “y también de los compañeros de silla, interactúen entre ustedes, es una de las mejores formas de aprender”, concluyó.

La primera de las ponencias llevó por título “El viacrucis de la administración concursal ante los concursos sin masa y otras paradigmáticas circunstancias”, y fue desarrollada por Marcos Bermúdez Ávila (Magistrado del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Bilbao), Nuria Fachal Noguer (Magistrada del Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de A Coruña) y Juan Carlos Robles Díaz (Economista. Administrador Concursal.  REFOR Economistas Forenses-CGE). A lo largo de la misma, los intervinientes debatieron sobre las modificaciones que en materia del pago de los créditos contra la masa en caso de insuficiencia de masa activa incorpora la recién aprobada reforma. Asimismo, analizaron la posición de la administración concursal tras la declaración del concurso sin masa (nueva sección 4ª del capítulo V del libro primero) y las tareas que tendrá que asumir tras su nombramiento.

A continuación, José María Muñoz Jiménez (Socio de José María Muñoz y Asociados, S.L.P.), Ignacio Góngora Zurro (Interventor y Auditor del Estado) y María Tardón Olmos (Magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional), reflexionaron acerca de papel del Economista ante la figura de la administración judicial como medida de protección del patrimonio empresarial.

Muñoz indicó que cuando recibe un nombramiento para ser administrador judicial, “cuyo principal objetivo es el de conservar viene y derechos o, en su caso, liquidarlo, me siento como un paracaidista en territorio enemigo, sé que pocos amigos voy a encontrar en ese camino”. Mostró al final de su intervención muchas dudas en cuanto a la retribución de los administradores judiciales, “un tema muy poco pacífico y complicado, por lo que mi consejo es que se pacte antes de iniciar el trabajo”.

Góngora centró su exposición en la figura del interventor judicial lamentándose en un primer momento por la falta casi absoluta de legislación “no solo sobre su figura, sino, más importante si cabe, sobre cómo ha de realizar su función”. Es por ello por lo que recomendó fijar una serie de pautas de funcionamiento, “entre las más importantes, determinar qué operaciones han de estar sujetas a la autorización previa del interventor o el exigir informes por escrito a los administradores de la empresa antes de que ejecuten cualquier operación”.

Tardón, por su parte, contó su personal experiencia desde el punto de vista de un juzgado de instrucción y los problemas a los que se enfrenta para sacar adelante una intervención judicial. “Nos tentamos mucho a ropa antes de acordar una medida como esta”, afirmó, “por lo que nos debemos mover siempre en una doble vertiente: la de cumplir el objetivo que la intervención judicial se propone, pero llevándolo a cabo de con cautela y proporcionalidad”.

La jornada de mañana concluyó con una mirada sobre el Procedimiento especial micropymes, y las oportunidades que del mismo se pueden derivar. Se contó para ello con la participación de las magistradas Sofía Gil García (Mercantil N.º 17 de Madrid), Mª Salomé Martínez Bouzas (Mercantil N.º 2 de A Coruña) y del abogado y asociado principal en Garrigues, Francisco Javier Cabarcos Dopico. Los ponentes trataron de poner luz en la polémica suscitada por el libro tercero del TRLC y el mecanismo de “insolvencia único” y “especialmente adaptado a las necesidades de las microempresas” que se dispone en el mismo, y analizaron y las alternativas que se le presentan transitoriamente a los profesionales hasta su entrada en vigor, el próximo 1 de enero.

Se inició la jornada de tarde con la ponencia titulada “Métodos de valoración y efectos contables-fiscales en la venta de unidades productivas”, que fue llevada a cabo por Miguel Ángel Crespo Domínguez (Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Vigo), Juan Lloret Villota (Socio en LBL Prendes y Caicoya) y Amelia Mª Pérez Mosteiro (Magistrada del Juzgado de lo Mercantil N.º 3 de Pontevedra. La ponencia se centró en el nuevo escenario que la reforma del TRLC abre en este particular, donde cobra una vital importancia la elección de los distintos métodos en la valoración económica de las unidades productivas objeto de transmisión y el análisis de los distintos efectos contables y tributarios que cada operación supondrá para adquirentes y transmitentes.

Se cerró la jornada del jueves echando una mirada sobre la solicitud de concurso necesario, asunto que ha cobrado un especial interés tras el fin de la vigencia moratoria concursal, que tuvo lugar el pasado 30 de junio, produciéndose ya en este trimestre un aumento en la presentación de concursos, hasta llegar a un crecimiento acumulado de un +11,1% en septiembre. María Teresa Enciso Alonso-Muñumer (Catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos), y el magistrado Manuel Marquina Álvarez (Mercantil N.º 1 de Pontevedra) detallaron a los asistentes todas la particularidades en esta materia. Finalmente, Francisco José Soriano Guzmán (Magistrado de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante) denunció los privilegios del crédito público en el concurso y detalló las causas que han llevado a su Audiencia presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permita determinar si aquel ventajoso tratamiento es acorde al Derecho comunitario.

De estudiar los planes y acuerdos de reestructuración, así como el estatuto y requisitos exigibles al Experto, se ocuparon al inicio de la jornada del viernes Olga Ahedo Peña (Magistrada del Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid), José Ignacio Canle Fernández (Director Contencioso y gestión judicial en ABANCA) y Juana Pulgar Ezquerra (Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid). A lo largo de su exposición, los ponentes analizaron y debatieron sobre la diligencia necesaria que debe exigírsele a los gestores empresariales para anticiparse en la detección de situaciones críticas que puedan comprometer la viabilidad de la empresa; sobre el concepto, el proceso, las fases y el contenido mínimo del plan de reestructuración, así como acerca de los elementos necesarios para finalizar con éxito este nuevo proceso de negociación.

Sin solución de continuidad, de Matilde Cuena Casas (Catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid), José María Fernández Seijo (Magistrado de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona) y Francisco Javier Menéndez Estébanez (Presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra) abordaron la ponencia titulada “Vías de exoneración y créditos no exonerables. El deudor de buena fe”. En su exposición, Estébanez realizó un recorrido por la evolución de la regulación de la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), desde la  Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, hasta la reciente reforma del TRLC, que no entra en este tema  y mantiene la vigencia de las medidas fiscales que se implantaron en su momento por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

Fernández Seijo, por su parte, focalizó precisamente su intervención en las vías de exoneración que ofrece el TRLC, esto es, de los artículos 486 al 502, “si bien si nos quedamos solo en ellos podríamos llegar a una conclusión erróneas, porque le texto ofrece otras dos vías, en el artículo 37 bis (Concurso sin masa) y su desarrollo y en el artículo 685 (Ámbito del procedimiento especial) y siguientes”, matizó.

Matilde Cuena expuso los aspectos más controvertidos de la nueva regulación sobre la EPI y cómo la jurisprudencia está avanzando en esta materia, indicando que, a su juicio, incorporada un gran cambio de paradigma: “in dubio pro deudor; esto es, en caso de duda, a favor de la exoneración”. Quiso dejar constancia, igualmente, “que no es oro todo lo que reluce, nada de lo que parece que es en la nueva norma, finalmente es. El cambio operado en el TRLC es positivo, porque tampoco era muy complicado que así lo fuese, pero considero que no acabará con la inseguridad jurídica”, concluyó.

Tras una pausa para recuperar fuerzas se entró en la última de las ponencias de este Encuentro, que llevó por título “Revolución liquidatoria: La intervención del Economista como agente imprescindible en una enajenación eficaz. La figura del prepacker”, y que estuvo a cargo de los magistrados Alfonso Muñoz Paredes (Mercantil N.º 1 de Oviedo) y Margarita Isabel Poveda Bernal (Mercantil N.º 3 de Palma de Mallorca). Un mecanismo, el del prepack, que hasta hace poco no se utilizaba en España, pero que algunos juzgados de lo mercantil españoles comenzaron a utilizar ante el contexto económico derivado de la pandemia, si bien carecía de una regulación específica en el ordenamiento jurídico español (más allá de un protocolo específico aprobado por los juzgados de lo mercantil de Barcelona y Baleares el pasado año) regulación que ahora la reforma del TRLC le ha venido a dotar.

De este modo se llegó a la clausura de este Encuentro, en la cual, Isaías González, co-director del evento, tuvo palabras de agradecimiento tanto para los más de 200 asistentes, como a los organizadores del Encuentro y los colaboradores del mismo –Xunta de Galicia, Abanca, CleverConcursal, Gobid.es, IAG International, Tirant lo Blanch, Lefebvre y Eactivos.com- y a los ponentes, por el altísimo nivel exhibido en sus intervenciones, y moderadores.

En definitiva, una nueva edición de un Encuentro Concursal que sirvió para desmenuzar todas las claves que el nuevo escenario impuesto por la profunda reforma del TRCL implica para todos los profesionales, en un foro que congregó a los más destacados ponentes y profesionales en la materia del panorama nacional.